OPINIÓN
¿Cómo fructifica la corrupción? Entre otros, donde los funcionarios hacen la vista gorda ante el aprovechamiento privado del poder público
Es primordial asegurar la moralidad de la mayoría de los servidores públicos y garantizar que incluyen en su quehacer diario controles y alertas automáticas para advertir cualquier indicio de corrupción.
En la primera entrega de esta prometida trilogía concluíamos que es el conjunto de los ciudadanos el propietario del poder que los concejales ostentan y es la legalidad quien impone límites a su actuación, alertando que los incumplimientos de los políticos son anticipo de posibles gérmenes de corrupción.
En la segunda ampliábamos nuestra deliberación y poníamos el foco en la candidez que mostramos cuándo reiteramos eternamente nuestro voto en una opción que nos ha mostrado que incumple o que incluso delinque. Y no hay mejor prueba de ello que el mantenimiento, incluso mejora, de los resultados electorales de los partidos que flirtean con el código penal, desde la sedición hasta la apropiación, mientras que los partidos respetuosos desde la constitución hasta la ordenanza -izquierda unida, ciudadanos y vox- son poco o nada votados, propiciando el abono perfecto para que ciertos gérmenes corruptos, al ver tal candidez, pretendan florecer, no digamos cuando creen ver, en un pueblo como el nuestro, el botín de jubilación que en otros pueblos les han negado.
En esta tercera, y última entrega, exploraremos el principal freno para que los corruptos no obtengan fruto; evitando el saqueo previamente, sin tener que esperar a las dilatadas sentencias firmes y a la recuperación parcial del botín décadas después, y por supuesto para que nunca se plantee la disolución gubernativa de nuestro ayuntamiento, pese a los intentos de algún fontanero de rapiñar como en una Marbella más.
Para ello, recordemos que la corrupción es aquella actuación pública, en la que uno o varios de los servidores públicos, empleados o votados, aprovechan su posición para actuar en beneficio propio o de personas de su entorno. Los corruptos potenciales aplican criterios de racionalidad para compensar su ansiedad, por lo que calculan la conveniencia de corromperse sopesando el beneficio esperado, contra la posibilidad de ser descubierto y la gravedad del castigo.
La capacidad del votante para descubrir de manera temprana al corrupto no es baja sino nula; como hemos visto, incluso amplias masas perseveran en lo corrupto ya juzgado, por lo que es primordial asegurar la moralidad de la mayoría de los servidores públicos y garantizar que incluyen en su quehacer diario controles y alertas automáticas para advertir cualquier indicio de corrupción.
A nuestros concejales de oposición, ojalá alguno de los de gobierno, a la Secretaría, a la Intervención, a la Tesorería y la totalidad de nuestros empleados públicos les corresponde, por tanto, una responsabilidad esencial en la prevención temprana de los intentos de corrupción, impidiendo que ni siquiera se inicien indecencias en la dedicación de nuestro personal eventual o en la asignación a los grupos políticos o en los suministros de bienes y servicios micro-parcelados o siempre intempestivos, por no decir de aquellos que hasta un niño compraría en la sección de ocio del Corte Inglés por la mitad de precio o en las asignaciones digitales a furgonetas, fanfarrias y demás taberneros o en la asignación de funcionarios a tareas y dietas inexplicables mientras que lo obvio ni se derriba, ni se sanea, ni se patrulla, o en la tramitación de modificaciones normativas que dificultan la prevención.
Exijamos por tanto que los servidores públicos, empleados o votados, combatan la corrupción, impidiendo que dé fruto, por lo tanto antes de que cause perjuicios económicos, de que sature los tribunales de justicia y de que mine la confianza en la institución •
